Los Juzgados no van a dar a basto, con todas las denuncias que se van realizar por la Gestión de la Crisis Covid-19 en ESPAÑA
El Consejo de Enfermería se querella contra Sánchez,
Illa y Simón por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos
de su departamento (entre ellos Fernando Simón), por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado
hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por
unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para
protegerse en la asistencia de los pacientes con
Covid-19 y la oleada de contagios entre
profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de
ellos.
Así, dicha Comisión encargó a los servicios
jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones
penales para exigir las responsabilidades que procedieran
a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la
pandemia.
Vía penal
A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a
cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre
los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al
COVID-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a
la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.
Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella
extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un
amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica
cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero
la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron
en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios
de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir
la entrega de materiales defectuosos (como los 2,1 millones de
mascarillas inservibles del fabricante chino Garry Galaxy) o los test sin la
fiabilidad suficiente.
Los otros miembros del equipo de Sanidad contra los que va la querella son:
la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar
Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora general de Promoción de
la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad
Ambiental y Salud Laboral.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones
penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y
colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las
diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por
diversos partidos políticos.
"Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es
la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros
pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de
ideologías o partidos políticos", afirma rotundamente Florentino
Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.
Prisión de hasta 3 años
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la
seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se
castiga a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos
laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las
medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro
grave su vida, salud o integridad física".
La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres
años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos
que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia
grave con resultado de lesiones o de muerte.
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