El alquiler asfixia al comercio en ESPAÑA.

El alquiler asfixia al comercio y el sector reclama ayudas y quitas al Gobierno por el COVID-19.

Organizaciones del sector aseguran que los centros comerciales no atienden sus peticiones para llegar a acuerdos que rebajen su presión durante la crisis y piden la intervención del Ejecutivo.

Los comerciantes y propietarios de negocios comerciales empiezan a notar serias dificultades para afrontar parte de los gastos que mantienen sus negocios pese a llevar un mes cerrados por los efectos del coronavirus. El alquiler es uno de los más abultados, representa en torno a un 25% del total, y por eso varias organizaciones empresariales han lanzado un mensaje de alerta al Gobierno para pedirle que interceda y habilite mecanismos de ayuda y alivio en plena crisis por el Covid-19.

Sus reclamaciones se centran principalmente en dos ejes: quieren subvenciones para que los inquilinos puedan hacer frente al pago durante la cuarentena y quieren que se apruebe un marco normativo que permita la condonación de rentas mientras dura el cierre y en los meses posteriores a la deseada apertura.

"Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento. La norma deberá contemplar desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación", reclama un manifiesto conjunto firmado por la Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE.

El Gobierno declaró hace un mes el estado de alarma y miles de negocios de todo el país -todos los que no se consideran esenciales- tuvieron que echar el cierre a la espera de que la actividad se reactive. Desde el primer momento, el alquiler ha sido uno de los frentes de sus reclamaciones y así se lo han trasladado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que hasta el momento no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa.

"Estamos reclamando que se lleven a cabo medidas similares a las que se han implantado en el alquiler residencial", comenta Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio, en conversación telefónica con EL MUNDO.

Moreno se refiere al plan de ayudas aprobado hace unas semanas por el Ejecutivo para aliviar la situación de inquilinos afectados por el impacto económico del coronavirus. Sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado en ningún momento sobre la posibilidad de implementar medidas similares para los locales comerciales.

Por el contrario, Pedro Sánchez apeló desde el primer día del estado de alarma a una "cadena de solidaridad" entre propietarios e inquilinos y este sigue siendo el principio que rige para los locales comerciales. Es decir, todo depende de la buena fe y la capacidad de llegar a acuerdos particulares entre arrendadores y arrendatarios.

EL PROBLEMA DE LOS CENTROS COMERCIALES

"Los puntos de venta más pequeños a pie de calle han ido negociando con sus caseros y más o menos han encontrado soluciones. El gran problema lo tenemos en los centros comerciales", comenta Carlos Moreno.

Los propietarios de esos centros comerciales suelen ser grandes empresas y fondos, en muchos casos internacionales, que, según la Confederación Española de Comercio, ni siquiera han respondido a sus peticiones de negociar para establecer facilidades a los propietarios de negocios que se ubican en sus instalaciones.

"Dan la callada por respuesta y mientras tanto tenemos que seguir pagando no sólo el alquiler, sino otra serie de gastos en concepto de marketing y otros servicios que ahora mismo no estamos utilizando", aseguran.

El futuro de muchos negocios y de muchos puestos de trabajo está en juego. Sólo las organizaciones que firman el manifiesto representan a más de la mitad de todo el comercio del país, al agrupar 510.000 puntos de venta y generar 1,7 millones de empleos. Aseguran además que el sector comercial en su conjunto tiene un peso en la economía española del 13% y emplea a más de 3 millones de personas. "Sólo pedimos un poco más de flexibilidad".

Tampoco entienden que no se haya hecho nada aún para aliviar su situación. "Este Gobierno tiene menos sensibilidad hacia las empresas que hacia los particulares", lamentan, y por eso exigen la "constitución urgente de una mesa de trabajo" que aborde medidas inmediatas para el escenario actual.

"Del mismo modo que existe un marco laboral que protege a trabajadores y a empleadores ante estas contingencias, deben de existir disposiciones que permitan la adecuación de los alquileres al cese forzado de actividad y a la escalonada vuelta a la normalidad. Estas medidas temporales deberán estar vigentes en tanto no se restablezca en plenitud la situación anterior", concluyen